"LAS NORMAS PERUANAS EN MINERÍA SON EJEMPLO EN EL EXTERIOR"

El Estado no debe pensar en crear más impuestos o subir las regalías a la actividad minera, sino en establecer en los contratos de estabilidad jurídica compromisos de mayores inversiones y de respeto a las normas ambientales, sociales y laborales por parte de las empresas. Así lo asegura el doctor Luis Carlos Rodrigo, del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, quien además preside el Bloque Regulación Minera del I Congreso Internacional de Gestión Minera "Una visión global al negocio minero".

GM: ¿Qué temas se tratarán en el Bloque de Regulación Minera?

LCR:Aprovechando la discusión sobre la explotación de los recursos naturales, la idea es empezar con una visión general de lo que deben ser las inversiones en el país para, después, tener un panel específico. La primera exposición estará a cargo del presidente de la Confiep, Ricardo Briceño. De ahí, habrá un panel para centrarnos en las inversiones mineras en el futuro y qué elementos requieren estas para que ocurran los beneficios y los impactos positivos. Habrá una exposición sobre minería informal a cargo de Miguel Santillana, que ha estado trabajando los problemas con el oro en Madre de Dios. Además se tratará sobre la fiscalización, cuya función ha salido del Osinergmin para pasar a la OEFA del Ministerio del Ambiente. Posteriormente, habrá un panel interesante sobre los retos específicos en materia de conflictos sociales, la preocupación por el agua, los terrenos y todo lo que genera conflicto en la actividad minera.

GM: ¿Se buscará una visión integral?

LCR: Sí. Estará el punto de vista empresarial, el académico; se presentarán representantes de la comunidad jesuita en el Perú y de las ONG, ambos involucrados en estos temas. Así, tendremos un panorama integrador sobre cuáles son los retos y cómo lograr que todas las inversiones puedan ejecutarse exitosamente. Otro tema es el de la tributación minera, incluyendo el impuesto a las sobreganancias y la actual extensión del aporte voluntario. Nos preguntaremos cómo, en esta bonanza, los contratos de estabilidad jurídica se pueden usar desde el lado constructivo, en lugar de crear más tributos para generar más recursos que no pueden ser invertidos por ninguno de los niveles de gobierno. Finalmente, habrá una exposición del director de asuntos ambientales sobre la situación de los cierres de minas.

GM: ¿De qué forma se manejan los conflictos sociales?

LCR: Es cierto que hay una historia de marginación por parte del Estado y de la sociedad hacia algunas zonas donde, afortunadamente, ahora está llegando algún tipo de inversión. Pero, por estas razones históricas, la gente en esos lugares no ven los beneficios directos y hay rechazo; paralelamente, hay una actividad política muy grande que incentiva estos conflictos. Es lamentable que se desperdicien los recursos que reciben los gobiernos locales y regionales que, por primera vez, los tienen y que deberían servir para mostrar que la actividad minera sí genera bienestar. Si decidiéramos hoy que no haya minería en el Perú, el país se viene abajo, porque es la locomotora que está jalando a la economía.

GM: No se escucha mucho sobre la regulación minera. ¿Cómo funciona?

LCR: Es un concepto más genérico y está vinculado al marco legal. No es una actividad regulada, como lo son las telecomunicaciones. El concepto de regulación quizá no es el más adecuado, pero se refleja en lo normativo.

GM: ¿En normatividad cómo estamos?

LCR: Estamos muy bien. El marco legal de exigencias ambientales, sociales y técnicas es uno de los mejor desarrollados y completos, definitivamente, de la región y de muchas otras partes del mundo. Se toma como ejemplo en Asia y en África. El problema no son las normas, sino exigir que se cumplan, no solo a las empresas formales sino a todos los actores. Ese sí es un reto porque hay empresas medianas, chicas y grandes que a veces no cumplen y hay que sancionarlas, pero también hay minería informal. El asunto es la aplicación de las leyes y que se cumplan para todos.

GM: ¿La minería informal complica la aplicación de las leyes?

LCR: Es cierto, pero también hay que exigirlo. Eso no pasa porque se tiene la sensación de que al hacerlo se generará un problema social. Es como dejar que la gente robe porque si no habrán problemas con sus familias. Esto hay que cortarlo, ver cómo se les da otras oportunidades, porque no lo hacen por criminales, sino porque no tienen otras actividades. Está en manos de las autoridades.

GM: ¿Qué es lo más destacable de nuestras normas?

LCR:  La Ley de Minería en sí misma, así como el otorgamiento de concesiones mineras. El esquema completo de exigencias ambientales, incluyendo los planes de cierre, son cosas que países como Chile no lo tienen tan avanzado. Ahí tenemos una posición importante, al igual que el manejo de conflictos, con la creación de las mesas de diálogo. Pero estas ideas buenas se aplican mejor afuera, porque aquí se da mucha manipulación. La búsqueda de mecanismos de relacionamiento con las comunidades en el Perú es reconocido internacionalmente.

GM: En cuanto a la tributación minera se critica mucho los contratos de estabilidad.

LCR: Los contratos de estabilidad son una herramienta para atraer inversión. En lugar de decir que hay que eliminar esos contratos, lo que debemos hacer es que, sabiendo que es útil para las empresas, cómo hacemos para que lo sea para el Estado. Esos contratos deberían incluir las obligaciones que al Estado le interesa que se cumplan. En lugar de inversión mínima de 20 millones de dólares, que se fije una mayor, de 500 millones, además de normas ambientales, sociales y laborales. Entonces, las mineras que quieran estabilidad de 15 años que cumplan estos compromisos. Si hoy que las cosas van bien aumentan las regalías o aplican un impuesto a las sobreganancias, esas inversiones se van a ir a otro lado. No se trata de crear más impuestos sino de cómo realmente exigimos que las empresas cumplan los aspectos que nos interesan y que inviertan más, porque el Estado es accionista del 30% en cualquier actividad.